No será mal año el 2017 si prosigue cuanto ha comenzado en nuestro poder legislativo cuando terminaba el otoño del 2016.

    Cuanto relatamos, además de cierto, no minora su importancia por el hecho de quiénes hayan sido sus actores. Porque sí, en efecto, nos referimos a “nuestros padres de la patria”, Diputados y Senadores, aunque también se hayan implicados otros ciudadanos, otros muchos ciudadanos que no lo son, pero el asunto les toca muy de cerca. Por ello refiero la solidaridad, pero también argumento que se trata de un asunto de JUSTICIA.

    Esta breve historia comenzó hace mucho tiempo. Sus protagonistas son más de 4 millones de ciudadanos españoles, anónimos todos ellos, acompañados en todos los casos por sus familias, que viven diariamente a la par las dificultades que la situación les provoca, aunque en esta referencia aparecerán nombres propios, quienes han protagonizado los actos principales y quienes quedarán reflejados en el diario de sesiones de Congreso y Senado para que los historiadores, pasados los 50 años, puedan estudiar y analizar la importancia de estos hechos si, como deseo, las intenciones cuajan y la justicia florece.

    He referido la cifra de cuatro millones, es decir, el 10% de los españoles que conviven con alguna discapacidad, ciudadanos como el resto de los españoles que quieren tener las mismas obligaciones y también disfrutar de los mismos derechos. Por ello apelan a la Convención de la ONU de los Derechos Humanos y de los derechos de las Personas con discapacidad. Pero son conscientes de lo importante que es en sus vidas el papel que juegan sus familias, el núcleo más importante donde en nuestro país se ejerce la solidaridad. Seguramente esto es por ausencia de una estructura consolidada de un “Estado fuerte del bienestar”.

    Todos ellos, unos militantes, otros no, tienen una Confederación que les representa, “el CERMI”. Desde él, ya hace tiempo que se venía reivindicando que la Comisión permanente del Congreso para las políticas Integrales de la Discapacidad tuviese carácter legislativo, porque ya hace dos legislaturas que se formó, pero privada de ese carácter no podía tramitar leyes, el fin primordial del poder legislativo.


El diputado Iñigo Allí con la Vicepresidenta del Gobierno

    Ha tenido que ser una iniciativa personal de un diputado, el SeñorÍñigo Alli, (Pueblo Navarro) el interruptor que haya dado luz para que la propia comisión se pusiese de acuerdo y por unanimidad para solicitar la reforma del reglamento correspondiente del propio Congreso para que esas competencias le hayan sido conferidas. Y, no nos viene de sorpresa, en el diario de sesiones de esa comisión, podremos leer las declaraciones del Sr. Alli, quien confiesa estar afectado por los problemas de la discapacidad, por ser familiar de una persona discapacitada. Encontraremos también la propuesta del grupo parlamentario PODEMOS, realizada en el mismo sentido, aunque unas fechas más tarde y posteriormente la adhesión de todos los grupos restantes del arco parlamentario

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    Si el Congreso y el Senado fuesen una fotografía fiel de nuestro país, el 10% de los diputados y senadores estarían afectados de alguna discapacidad y más del 12% tendrían alguna persona mayor afectada de dependencia en su familia.

    Pero si el congreso ha dado luz verde a la propuesta citada, reitero que por unanimidad, nos hemos de congratular porque empezaremos 2017 por una senda de justicia, de trabajo legislativo en favor de los “derechos de las personas con discapacidad”, que hace bastante falta en toda nuestra piel de toro (ínsulas incluidas). Me permito afirmar su necesidad, por el conocimiento que me presupongo de cuantas necesidades están todavía por satisfacer desde las administraciones públicas (ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y administración central), según las competencias de cada cual, en todos los órdenes de la vida, accesibilidad, educación, sanidad, prestaciones ortoprotésicas, atención para la autonomía personal de cada ciudadano y un largo etcétera, para el que me remito a insertar el enlace del 22 de noviembre pasado de la comparecencia en el Congreso:

Luis Cayo Pérez  en el Congreso acompañado de Carles Campuzano, presidente de la Mesa de Políticas Integrales de la Discapacidad.

   Tengo, tenemos, que felicitar al CERMI, con su presidente Sr.Luis Cayo Pérez Bueno al frente, porque finalmente su iniciativa, la iniciativa que todos cuantos conocemos estos problemas le pedíamos, haya llegado a buen puerto y seguiremos estando a su lado para llevar a ese mismo puerto cuantas otras iniciativas tengan la misma finalidad.

    Pero además, para que no se nos olvide, cuando decimos que el año 2017 comienza bien, es porque también espero que en el Senado se forme otra comisión de igual rango que la del Congreso. Ello además de ser conocedor en primera persona de la iniciativa tomada por el Senador Antonio Alarcó proponiendo la declaración del año 2017 como  el Año de la Salud mental en España.

La lectura de la declaración antes citada del Sr. Pérez Bueno anima en la esperanza porque también el CERMI estará en favor de su proclamación y ello supone una fuerza social suficiente que garantiza otro éxito. Parece ser que las personas con discapacidad, tal vez por la fuerza de la necesidad, sí son conscientes de la conveniencia y utilidad de su unión para lograr el reconocimiento de sus derechos como persona. Y la unión les garantiza la victoria.


¡Feliz 2017! Para todos nosotros y para los que no tienen discapacidad

Francisco Forte


La barandilla.org