Con motivo del Día Internacional de la Discapacidad FAMMA reclama que se haga efectiva la igualdad para el colectivo de personas con discapacidad. Reproducimos a continuación su comunicado:
– La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (FAMMA-Cocemfe Madrid) denuncia cinco años de retraso en la aprobación de un necesario régimen de infracciones y sanciones, lo que están propiciando una importante vulneración a los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y un incumplimiento de la normativa estatal por nuestra Comunidad, vulnerando así, el artículo 25 de la Constitución, que exige la reserva de ley en materia sancionadora donde se tipifiquen las conductas ilícitas y se regulen las sanciones correspondientes para respetar y hacer respetar las garantías de la ciudadanía en un Estado de derecho.
En este sentido, se considerarán infracciones administrativas las vulneraciones del derecho a la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad cuando se produzcan discriminaciones directas o indirectas, acosos, incumplimiento de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas, especialmente cuando se deriven beneficios económicos para el infractor.
Según Javier Font, presidente de FAMMA, «nos tenemos que dar cuenta que todo lo que está reclamando el sector de la discapacidad en estos momentos, es y será disfrutado por toda la ciudadanía. Sólo por eso, debemos pensar en este tipo de medidas para todas las personas, sean o no, personas con discapacidad».
En la actualidad el acceso de las personas con discapacidad física a los bienes y servicios públicos o privados, está lleno de trabas y de problemas que discriminan. Para poder acceder a la cultura o a información previa para acudir a eventos o lugares sin problemas, es prácticamente imposible. De ahí la necesidad de que el marco regulatorio obligue a facilitar información previa de la situación con las que se van a encontrar las personas con movilidad reducida antes de desplazarse. Para las personas con movilidad reducida que necesitan de información previa para organizar sus desplazamientos, la venta de entradas por Internet para ir al teatro, al cine, o a exposiciones es un auténtico caos. También existe una importante falta de información previa en páginas web de la administración que dificultan la inclusión en la vida normalizada de las personas con discapacidad, así como su interrelación con las distintas administraciones.
En palabras del presidente de FAMMA, «existen muchas vivencias que podríamos contar y que nos suceden todos los días complicándonos la vida. Por poner un ejemplo clave en el siglo XXI, podríamos hablar de Internet y de la difusión de múltiples páginas web a través de este medio, que sí reúnen información para cualquier persona que no tiene discapacidad, pero no para quienes sí la tienen, muy a tener en cuenta para su propia planificación. Esto sólo se puede arreglar con una ley de estas características que obligue tanto al sector público, como al sector privado, ya que éste último, se encuentra en tierra de nadie propiciando una vulneración mayor si cabe, sin que nadie actúe creando un marco de protección para las personas que sufren sus consecuencias.»
Es importante que además de apoyar la convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, nos dotemos de herramientas necesarias para su cumplimiento, en un país, donde se hizo efectiva su ratificación y su apoyo institucional, en el pleno de la Asamblea de la Comunidad de Madrid.
La Constitución española establece que los poderes públicos deben promover las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas, y deben facilitar la participación de todas las personas en la vida política, económica, cultural y social. Asimismo, la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, fija el compromiso de promover, proteger y asegurar el pleno disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales en condiciones de igualdad por parte de las personas con discapacidad y de promover el respeto a su dignidad inherente. Una cuestión que no se debe olvidar tampoco a las comunidades autónomas entre las que se encuentra, la Comunidad Madrid.
El gobierno regional debe regular una norma que proteja los actos ilícitos tanto por acción, como por omisión, cometidos por aquellas personas tanto físicas, como jurídicas, que vulneren los derechos de las personas con discapacidad en todos los aspectos que les afecte. Mientras que esto no ocurra, se nos estará retirando el derecho de legitimación de las entidades que representan a este colectivo, como a sus familias o directamente, a los afectados para reclaman sus derechos para vivir con dignidad.
