Hasta hace unos años, la estabilidad era la nota imperante en el panorama político,
económico y social en España, Europa y, con carácter general, en el mundo occidental.
Sin embargo, desde que allá por mediados del mes de marzo de 2020 entrará en
escena una pandemia sanitaria que, sin duda, cambió el curso de la historia, esto fue,
además, el pistoletazo de salida de la concatenación de una serie de sucesos que no
han hecho más que acrecentar una inestabilidad, en todos los ámbitos, que parece que
no tener fecha de caducidad: el propio Covid-19, invasión de Rusia en Ucrania, inflación
en los mercados, crisis económicas, incremento exponencial de costes y precios en
todos los productos y servicios, etc.

Todos estos sucesos han causado fatales consecuencias en los diferentes ámbitos de
nuestra sociedad y, en especial, al sector económico, propiciando que en el año 2022
la inflación media en España alcanzará el 8,4%, según el Instituto Nacional de
Estadística (INE). Sin perjuicio de que, al finalizar el mes de abril del año 2023 la
inflación en España se situó en torno al 4,1%, habiéndose producido una bajada
superior a los 4 puntos con respecto a la media del año anterior, nos seguimos
encontrando ante una situación absolutamente alarmante y que está causando graves
problemas de sostenibilidad económica en las entidades del sector privado.
El resultado de lo anterior ha provocado que en el año 2022 cerraran un total de
26.207 empresas en España, un 10% más que el año anterior, siendo la cifra más alta de compañías disueltas desde que se tienen registros.

La Ley de Desindexación está provocando la paralización de muchas empresas.

Lamentablemente, las peores previsiones económicas para el año 2023 se están
cumpliendo y, en este sentido, teniendo en cuenta el contexto actual, nos sorprende y
preocupa profundamente que el legislador no se haya planteado en ningún momento
una reforma de la ley de desindexación de la economía española, aprobada en el año
2015 e incorporada a la Ley de Contratos del Sector Público en el año 2017.
Esta normativa, tal y como está redactada hoy en día, imposibilita que se puedan
adaptar, actualizar o modificar los precios de los contratos públicos suscritos con las
empresas adjudicatarias, no permitiendo la revisión de precios en función de
cuestiones tan relevantes como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), las subidas
del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y otros. Esto deriva en que, en el supuesto
en que se produzca cualquier modificación que afecte directa o sustancialmente a los
costes de un contrato ya en vigor, como lleva sucediéndose los últimos años de forma
recurrente, son las compañías quienes deben hacer frente a este desequilibrio
económico y contractual con sus propios recursos.

La imposibilidad de revisar y actualizar los precios de los contratos públicos provoca
que tengan que ser las empresas adjudicatarias quienes tengan que hacer un
sobreesfuerzo económico para mantener la calidad de los servicios y, en la mayoría de
los casos, lo hacen en virtud de un contrato que le repercuten pérdidas directas, así
como con la obligación de cumplir toda la vigencia de este, sin posibilidad de resolverlo
previamente.

En los últimos años, han sido muchas las compañías las que han decidido no
presentarse a concursos públicos para no poner en riesgo su propia sostenibilidad y
viabilidad económica, ante el potencial peligro de encontrarse en la obligación de dar
cumplimiento a un contrato por un período de larga duración y obtener pérdidas
acumuladas.

Según un estudio elaborado por DoubleTrade, en el año 2022 se registraron un total de
7.463 concursos públicos desiertos al no encontrar ninguna compañía dispuesta a
presentar una oferta. Esto supone una paralización de 5.303 millones de euros y que,
respecto a los dos (2) años anteriores, el crecimiento de concursos desiertos ha sido
tan exponencial como alarmante: (i) en comparación con el 2021, el volumen de
licitaciones desiertas se ha incrementado casi un 10% (6.788 concursos paralizados) y
un 146% respecto al presupuesto destinado a estos contratos (2.154 millones de euros)
y (ii) respecto al año 2020, la paralización de contratos se ha incrementado un 659%
(1.132 concursos desiertos).

Por todo cuanto antecede, podemos concluir que estas cifras suponen un grave
perjuicio para la administración por la falta de desarrollo de proyectos, servicios y
contratos públicos, así como para las compañías, ya que, con las condiciones en que se
ofrecen los concursos públicos, la legislación aplicable y la presión inflacionista actual,
la mayoría de ellas no pueden permitirse correr el riesgo de licitarlos y encontrarse, al
cabo de poco tiempo, ante una situación de pérdidas acumuladas.
Estos datos merecen un análisis serio y profundo por parte del Gobierno y el legislador
para que lleven a cabo todas las medidas oportunas cuanto antes, de cara a intentar
revertir esta tendencia, ya que, en caso contrario, estas cifras no dejarán de
incrementarse y la economía española no hará más que empobrecerse a pasos
agigantados.

En nuestra opinión, la primera y más importante de las medidas que debería adoptarse
para reactivar la contratación pública, sin duda, es la modificación de la ley de
desindexación de la economía española de 2015. Esta normativa es, a día de hoy, el
principal problema y mayor obstáculo de la licitación pública. Entendemos que, hasta
que no se derogue o modifique la imposibilidad de revisar los precios cuando
concurran una serie de circunstancias extraordinarias e imprevisibles, como el
aumento del IPC, el SMI u otras imposible de prever, a fin de adaptar los precios de los
contratos a las circunstancias que concurran en ese momento y facilitar la viabilidad
económica de las empresas adjudicatarias a desarrollar y llevar a cabo los contratos
públicos adjudicados, no se podrá revertir la situación económica actual con respecto a
la contratación pública.

Albert Campabadal
Presidente del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia