Empresas, asociaciones y usuarios coinciden en la necesidad de modificar
la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española en
la jornada organizada por el Consejo Español para la Defensa de la
Discapacidad y la Dependencia en colaboración con la asociación La Barandilla
para conocer los efectos de esta norma en las organizaciones sociales.
Empresas abocadas al cierre y concursos de contratación
pública desiertos son las principales consecuencias de la Ley 2/2015, de 30 de
marzo, de desindexación de la economía española, que desvincula los precios
públicos del IPC y los asocia a los costes. Por ello, urge modificarla e incluir medidas
de emergencia que reduzcan el riesgo para las empresas que contratan con la
administración pública, sean de iniciativa pública o privada, en situaciones
excepcionales.
Estas son algunas de las conclusiones en las que coincidieron ayer los participantes
en la jornada CEDDD ‘Ley de desindexación y su impacto social’, organizada
por el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia
(CEDDD) en colaboración con Asociación La Barandilla, analizar la viabilidad del
sistema que regula la Ley de Contratos del Sector Público.
En una primera mesa epigrafiada ‘Empresas sociales’ y moderada por el abogado
especialista en centros especiales de empleo Juan Pedro del Castillo,
personalidades representantes de empresas dan servicio a la administración pública
analizaron el impacto de la Ley de Desindexación desde su posición, aportando
cifras de casos reales. Participaron en esta primera charla Albert Campabadal,
presidente del Grupo Sifu y del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad
y la Dependencia (CEDDD); Marina del Corral, directora general de CEAPS, y Arturo
Gívica, subdirector general de ASISPA.
Debate en la primera mesa de la jornada
Los asistentes coincidieron en destacar la buena voluntad con la que vio la luz la ley
en el año 2015, así como en señalar sus efectos devastadores para buena parte del
tejido empresarial del país después de un periodo de contingencias en el que han
coincidido una pandemia mundial, un conflicto bélico local con repercusión
internacional o catástrofes naturales que repercuten en la economía de un país,
como ha sido la erupción del volcán de La Palma.
Entre otras cuestiones, Albert Campabadal puso sobre la mesa el cierre de más de
20.200 empresas en el año 2022; Marina del Corral el hecho de que el 75% de los
servicios esenciales que presta la Administración lo hace a través de empresas
privadas y Arturo Gívica detalló cómo su empresa tuvo que afrontar un gasto millonario para una entidad social tras serle adjudicada una licitación en el año 2019.
Primera mesa:
Posteriormente, tuvo lugar una segunda mesa de debate titulada ‘Servicios a
personas’ y moderada por el periodista Javier Cámara, director de
Dependencia.info. En esta ocasión, analizaron los efectos de la Ley de
Desindexación Arantxa Martín Bedate, vocal en la junta directiva de Federación
Nacional de Familias Numerosas; Luis Cruz, director del centro especial de empleo
Integra (grupo CLECE), Aurelio López Barajas, CEO Supercuidadores y José Luis
Fernández, representante del JUPEN USO jubilados y pensionistas del sindicato
USO.
Debate en la segunda mesa de esta jornada.
Al igual que sus antecesores, los asistentes coincidieron en la buena intencionalidad
que tenía la ley en origen, si bien estos efectos no se han visto reflejados con el
paso del tiempo en el bolsillo del consumidor final, que es la sociedad en su
conjunto.
En la situación actual, los representantes de la sociedad civil instaron a que se
modifique la ley para ajustar los precios de los contratos a los incrementos de coste,
al tiempo que instaron a las empresas a apostar por la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC). “Tienen que apoyarse en el dividendo empresarial”, dijo José
Luis Fernández.
En esta línea, insistieron en la necesidad de encontrar una fórmula consensuada por
ambas partes, administración y empresas, para que se garanticen la prestación de
los servicios sociales que se sufragan mediante contratación pública. Un acuerdo que
a priori no parece fácil, tal y como llegado este punto matizó Luis Cruz: “Hemos
intentado concienciar a la Administración de que los servicios esenciales de calidad
tienen un coste, pero hasta la fecha no ha surtido efecto”, dijo.
Segunda mesa:
Sobre la Ley de Desindexación
Aprobada en 2015 e incorporada a la Ley de Contratos del Sector Público en 2017,
la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española
desvincula los precios de los servicios públicos del IPC, bloqueando la revisión
periódica y predeterminada de los precios de los contratos del sector público. Entre
otras cosas, esto implica que las empresas que contraten con alguna administración
u organismo del sector público se comprometen a ejecutar el contrato sin
variaciones de precio durante todo el tiempo que dure el mismo.
En una época convulsa como la actual, resultado de años de pandemia y un
conflicto bélico local con consecuencias mundiales como la guerra de Ucrania, la
tendencia en el terreno económico es a la inflación, originada por la subida de
precios de las materias primas, y afecta a toda la cadena de valor.Ante este panorama, la repercusión de la Ley de Desindexación tiene unos efectos
especialmente negativos para las empresas que adquieren compromisos
contractuales con el sector público, muchas de ellas de ámbito social.
Lo que empezó siendo un debate abierto sobre sus implicaciones, se ha convertido
actualmente en un motivo que está empujando a muchas compañías gestoras a
entrar en pérdidas o dejar desiertos los concursos de adjudicación por no poder
garantizar una prestación del servicio que cumpla con los estándares de calidad
adecuados. Y todo ello conduce al verdadero problema que subyace en este
contexto: los más susceptibles de sufrir las consecuencias son las personas que
hacen uso de estos servicios, en nuestro caso, las personas con discapacidad, sus
familias, las personas mayores y trabajadores con discapacidad, además de las
personas dependientes.
José Manuel Dolader