Según el informe Anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, han aumentado un 86,11% las infracciones detectadas pasando de 144 en 2017 a 260 en 2018.
El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre es donde está regulada la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Según esta norma, las empresas públicas y privadas con 50 o más trabajadores estarán obligadas a reservar al menos un 2% de puestos para trabajadores con discapacidad.
Extracto del informe anual de la Inspección de trabajo donde se dan los datos sobre las actuaciones realizadas en materia de discapacidad
Frente a la obligación principal de contratar personas con discapacidad, la ley permite excepcionalmente aplicar otro tipo de medidas con carácter alternativo a la contratación cuando la empresa justifica la imposibilidad de incorporar trabajadores con discapacidad, siguiendo para ello un procedimiento administrativo obligatorio y solicitando a los servicios públicos la declaración de excepcionalidad con carácter previo a la adopción de medidas alternativas.
Según este mismo informe, a raíz de las inspecciones realizadas en 2018 el importe de las cantidades destinadas por las empresas a estas medidas alternativas pasó de 8 millones de euros en 2017 a más de 11 millones en 2018.
La conclusión que nos deja el informe es que a día de hoy existen un gran numero de empresas que no cumplen con la Ley Ley de Inserción Laboral de Personas con Discapacidad, muchas de ellas por desconocimiento ya que el Estado ofrece ayudas y prestaciones económicas a aquellas empresas que cuentan con personas con discapacidad en sus plantillas.
